El texto, que regula los precios de los alquileres, se encuentra en trámite de negociación de las enmiendas en el Congreso

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, espera que el Congreso apruebe la Ley de Vivienda, que se encuentra en trámite de negociación de las enmiendas, "en los próximos meses, en septiembre-octubre a más tardar".
"Debemos ser positivos, porque conseguiremos aprobar esta Ley de Vivienda", ha dicho Sánchez este miércoles en una entrevista con Radiocable recogida por la agencia Europa Press.
La ministra ha recordado que, dentro de esa normativa, se regula "específicamente" la limitación de las rentas del alquiler, una medida con la que el Gobierno espera facilitar el acceso a la vivienda, sobre todo entre los jóvenes y los colectivos más vulnerables.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) pretende con estas políticas "responder a una necesidad básica de los ciudadanos, que es acceder a una vivienda digna, asequible y adecuada". En esta línea, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes, durante el Debate sobre el Estado de la Nación, el desbloqueo de la 'Operación Campamento' para la construcción de 12.000 viviendas en el sur de Madrid.
La titular del Mitma ha explicado este miércoles que el impulso de este proyecto ha sido posible gracias "a un acuerdo con el Ministerio de Defensa", después de más de 30 años de bloqueo, de los que ha responsabilizado al Partido Popular. De esas 12.000 viviendas de la 'Operación Campamento', el 60% serán vivienda protegida pública y el 40% de vivienda libre.
"Es una medida más dentro de todas estas que estamos adoptando para que los ciudadanos, los jóvenes en este caso, puedan iniciar su proyecto de vida y asegurar que las familias no vivan el acceso a la vivienda como un auténtico drama, como un lastre que no se pueden permitir", ha añadido la ministra. 
Raquel Sánchez también ha respondido a las críticas sobre las medidas anunciadas el martes por el presidente del Gobierno, como por ejemplo el nuevo impuesto a bancos y eléctricas, y ha defendido que todas las adoptadas hasta el momento "tienen un objetivo claro" y han resultado "eficaces".
La ministra se ha referido a la "excepción ibérica", que permitió bajar la factura de la luz "en torno al 15%", y ha asegurado que estas decisiones se toman "pensando el impacto que pueden tener y controlando cómo reacciona el mercado" para evitar "que el impacto de unos impuestos como estos al final recaigan en el bolsillo de los usuarios".
Sánchez ha querido transmitir "un mensaje de tranquilidad" a los ciudadanos y ha garantizado que este Gobierno demuestra sus palabras "con hechos" y tiene el "objetivo claro" de "proteger a las clases medias y trabajadoras". "Vamos a ir a por todas para defender los intereses de la mayoría social", ha recalcado.
La ministra también se ha referido a otra de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como la gratuidad de los viajes en cercanías, rodalíes y media distancia de Renfe, cuyo objetivo ha defendido que es "ayudar a las familias y a las empresas a hacer más fácil que lleguen a final de mes". Además de para ayudar a combatir la inflación, Raquel Sánchez ha señalado que esta medida permitirá fomentar el uso del ferrocarril, que es el medio de transporte más sostenible, por lo que contribuirá también a uno de los principales objetivos del Gobierno como es reducir la contaminación cambiando el vehículo privado por el transporte público.
Críticas a la Ley de Vivienda
La futura Ley de Vivienda sigue siendo el blanco de las críticas del mundo inmobiliario y empresarial. Como espera el Ejecutivo, la normativa podría entrar en vigor a la vuelta del verano y son muchos los efectos negativos que podría provocar en el mercado del alquiler y en los propietarios.
Daniel Cuervo, director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) y secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), repasa en un estudio publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) qué impacto tendrá la ley tanto en el mercado residencial como para los propietarios. 
"Conviene destacar que el Anteproyecto ya ha generado un impacto negativo en el sector y en el mercado de la vivienda en su conjunto, incluso aunque no entrase nunca en vigor. La inseguridad jurídica que ha generado un Anteproyecto con tales medidas ha afectado directamente a las decisiones de inversión de empresas cuyas actividades son la gestión de suelo y la consecuente promoción y construcción de vivienda libre y asequible", destaca Cuervo. 
Recordemos que el texto plantea, entre otras muchas medidas, la limitación de las rentas de las viviendas de alquiler en aquellas zonas consideradas como mercados tensionados, o la obligación de que los promotores destinen una parte de sus proyectos residenciales a VPO. Medidas cuyos principales efectos serán los siguientes, según Cuervo:

  • Empobrecimiento patrimonial de todas aquellas personas físicas y jurídicas que son titulares de una vivienda destinada a alquiler al estar sus viviendas vinculadas a la renta obtenida.
  • Disminución de garantías de los acreedores que tienen una deuda vinculada a una vivienda destinada a alquiler, puesto que, a través de la limitación de rentas, el valor del activo disminuye.
  • Reducción de la oferta actual de vivienda de alquiler y reducción, también, de oferta de vivienda nueva destinada al alquiler.
  • Desequilibrio de mercado: incremento de precios al reducirse la oferta de vivienda en alquiler tanto nueva como usada.
  • Paralización generalizada de la actividad promotora y constructora de vivienda nueva para la venta al estar obligados a destinar el 30% de la promoción residencial a VPO, lo que supondría una destrucción de más de 400.000 puestos de trabajo en toda España. Una paralización que podría llegar al 90%.
  • Una menor recaudación impositiva para las arcas de las tres Administraciones (estatal, autonómica y local), debido al parón generalizado de nuevos proyectos. Tendría un impacto de más de 6.847 millones de euros que dejarían de recaudar si la pralización llegara al 90%.
  • El coste social que supone un mercado de viviendas muy tensionado con gravísimos problemas de acceso, retraso de la edad de emancipación, demografía, etc.
Son muchos los organismos que critican las medidas que incluye la Ley de Vivienda, desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), hasta la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) o el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Invasión de competencias, inseguridad jurídica, golpe al derecho a la propiedad privada, incorrecciones y planteamientos institucionales son algunas de las ideas que han puesto sobre la mesa en los últimos meses. 
Desde el propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también han reconocido que es una normativa que no va a lograr cumplir las expectativas que ha generado, según reconoció en un evento organizado por ESADE Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio.