El Gobierno llevará en febrero al Consejo de Ministros los convenios con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para poder empezar a conceder las dos líneas de crédito que aprobó el año pasado, una de 2.500 millones para avales hipotecarios de jóvenes y familias con menores a cargo, y otra de 4.000 millones para la promoción de 43.000 viviendas en alquiler asequible.
 

Así lo adelantó la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en su comparecencia en el Congreso, en donde abordó las principales líneas del nuevo Ministerio creado en esta legislatura con el objetivo de consolidar lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez viene llamando “el quinto pilar del Estado de bienestar”.
Ambas líneas de avales fueron aprobadas el pasado 9 de mayo de 2023, con Raquel Sánchez al frente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces titular de las competencias en Vivienda.
Rodríguez señaló que la línea de avales hipotecarios pretende “paliar” las “urgencias” en algunas zonas de España donde “resulta tan o más caro el alquiler que la letra de la hipoteca y tal vez no se accede a los segundos por falta de unos recursos o unos ahorros previos”.
Las líneas de avales darán cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años con unos ingresos inferiores a los 37.800 euros al año, límite que se amplía un 70% para familias monoparentales, hasta los 64.000 euros, y al doble, hasta los 75.600 euros, si la hipoteca la firman dos personas. Además, se incrementará en 0,3 veces el Iprem, unos 2.520 euros brutos anuales, por cada menor a cargo.
Según cálculos del Ejecutivo, podrían beneficiarse unas 50.000 personas, aunque en mayo la intención del Ejecutivo era que todo aquel que cumpla las condiciones pueda acceder a ella. Se podrían solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, con opción a dos años de prórroga. Además, se introducirá un “límite máximo de tasación de venta” de la vivienda a adquirir que se definirá “en función del ámbito territorial”.
En cualquier caso, el aval no iba a poder superar el 20% del valor del inmueble, salvo que la vivienda adquirir tenga una certificación energética mínima ‘D’, que elevará el aval hasta el 25% del valor.
El plazo del aval otorgado será por un máximo de 10 años con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no de periodo de carencia. El resto de las condiciones financieras se establecerán en el contrato de aval a formalizar entre el ICO y las entidades de crédito.
4.000 MILLONES EN PROMOCIÓN
Sobre la segunda línea de crédito, la ministra de Vivienda señaló que pretende “mejorar la oferta” con fórmulas de “colaboración público-privada” para “movilizar la financiación a un precio más reducido que el de mercado”.
Según aprobó el Ejecutivo en mayo, el objetivo es poner a disposición de la ciudadanía hasta 43.000 viviendas en edificios energéticamente eficientes, que deberán destinarse al alquiler social o a precios asequibles durante, al menos, 50 años.
Así, el Ministerio distribuirá, a través del ICO, los fondos europeos en forma de préstamos a largo plazo para la construcción de vivienda, sobre suelo público o privado, y para la rehabilitación de edificios, tanto de titularidad pública como privada, que vayan a destinarse a vivienda habitual en alquiler social o asequible.
Los fondos van dirigidos a promotores públicos o privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva, hasta la adquisición de edificios públicos o privados para rehabilitar y/o las actuaciones de rehabilitación.
El desembolso de todos los fondos a los beneficiarios se completará antes del 31 de agosto de 2026. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, en función del tipo de actuación y sus condicionantes, con opción a prórroga.
El ICO ejercerá el papel de intermediario financiero y canalizará los fondos europeos hacia los promotores directamente o a través de entidades financieras. El Ministerio y el ICO firmarán un convenio en el que se fije el tipo y condiciones de los préstamos y se asegure el cumplimiento de los requisitos de la normativa reguladora del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como la definición de los detalles sobre potenciales beneficiarios, control y auditoría de los préstamos, entre otros.