El Consejo de Ministros aprueba invertir 4.000 millones más en promoción y rehabilitación de viviendas para el alquiler social

El Gobierno ha puesto cifras este martes a las actuaciones de vivienda que ha venido anunciando las últimas semanas. El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 2.500 millones de euros en avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para cubrir hasta el 20% de las hipotecas que podrán pedir jóvenes de hasta 35 años y hogares vulnerables con ingresos inferiores a los 37.800 euros anuales. En total, el Ejecutivo estima que esta medida llegará a 50.000 familias. Además, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha cerrado la financiación de dos paquetes anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permitirán levantar hasta 63.000 viviendas públicas en los próximos años.
El Ejecutivo empieza a dar forma a sus planes de vivienda al dar a conocer sus fuentes de financiación. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a destinar 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos de recuperación para promover y rehabilitar 43.000 viviendas que se dirigirán al alquiler social. Además, los ministerios de Transportes, Hacienda y Defensa han ratificado el acuerdo para adquirir terrenos ahora de titularidad del departamento que dirige Margarita Robles para construir otros 20.000 pisos a través de la entidad pública de suelo Sepes. En total, habrá unas 50 actuaciones en ocho millones de metros cuadrados repartidos en 14 comunidades autónomas. La mitad de esas casas están en la Comunidad de Madrid, como avanza este martes EL PAÍS. A esos dos grandes paquetes, cuya financiación se ha desbloqueado este martes, se añaden los pisos que ya estaban proyectados desde un principio y las 50.000 viviendas procedentes del banco malo. “La idea es llegar a las 184.000 viviendas sociales”, ha señalado la ministra, quien ha recalcado que el acceso a la vivienda es “una causa nacional”.
Sobre los avales públicos para la compra de vivienda, Sánchez ha puntualizado que se trata de una medida complementaria a la futura ley de vivienda. “No tenemos que demonizar la compraventa de viviendas por parte de aquellas personas que pueden acceder a ella”, señalaba la titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lo hacía en referencia a la oposición que este punto ha suscitado en sus socios de Gobierno. Unidas Podemos ha criticado que la medida puede llevar a una burbuja en los precios. Esas discrepancias entre los miembros del Ejecutivo no llegarán a escenificarse en el Congreso, puesto que la nueva línea de avales no tiene que votarse en la Cámara baja, ha puntualizado la responsable.
Tope de 37.800 euros por persona
Los avales, ha explicado el Gobierno, darán cobertura hasta el 20% de la compra de una primera vivienda a personas de hasta 35 años o familias con menores al cargo. El solicitante de la hipoteca deberá contar con unos ingresos inferiores a los 37.800 euros al año, aunque ese límite se amplía hasta los 64.000 euros en el caso de las familias monoparentales. Si la hipoteca la piden dos personas, se multiplicará por dos: es decir, una pareja podrá pedir el aval del ICO si ingresa hasta 75.600 euros. Además, se bonificará la compra de vivienda que tenga calificación energética sostenible. Para los pisos eficientes energéticamente, es decir con calificación D o superior, se podrá financiar hasta el 25% de la compra.
La línea de avales servirá para ayudar a que unos 50.000 hogares puedan dar una entrada para la vivienda, que es uno de los principales frenos con los que se topan los jóvenes a causa de las dificultades que tienen para ahorrar. El préstamo deberá formalizarse antes del 31 de diciembre de 2025, aunque existe la posibilidad de prorrogar ese plazo dos años, dependiendo de la demanda y las circunstancias económicas, según el ministerio.
Otra condición es que el importe total de la hipoteca (el aval que conceda el Gobierno más la financiación bancaria) no podrá superar el 100% del valor de tasación o del precio de compra. El Ejecutivo ha señalado que está dispuesto a estudiar la opción de fijar un límite máximo de precio en función del “ámbito territorial”. No está, pues, decidido si las casas que superen un determinado importe podrán acogerse a esta financiación, lo que podría fijarse por ciudades o por ámbitos territoriales para adaptarse a la heterogeneidad de precios del mercado inmobiliario.
El plazo del aval también tiene un límite temporal: 10 años. Y, además, el ministerio “compartirá hasta el 20% del riesgo de la totalidad del principal de cada hipoteca con la entidad de crédito en igualdad de condiciones”, añade la nota de Transportes.