El pasado martes, el Congreso de los Diputados tumbó la propuesta de Sumar de limitar los contratos temporales a seis meses, con los votos en contra de PP, Vox y Junts
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Los avances llegan solo un día después de que el Congreso de los Diputados para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar de su tramitación en las Cortes, pero el 'no' a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hicieron descarrilar el proyecto legislativo.
Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. "Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas", añadió.
El Gobierno ha decidido ponerse manos a la obra para limitar el alquiler temporal cuando se utiliza para esquivar las restricciones o el de larga estancia. Este último está regulado dentro de la ley de arrendamientos urbanos y, entre otras condiciones, obliga al propietario a mantenerlo durante cinco o siete años o limita las subidas anuales. Por el contrario, el de media estancia es un contrato privado entre dos partes, regulado por la legislación civil.
Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. "Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas", añadió.
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