¿Qué proponen los partidos catalanes en materia de vivienda para el 14-F?

La limitación del precio de los alquileres, las ocupaciones ilegales de viviendas o la gestión de pisos turísticos son algunos de los temas que integran los programas electorales de las principales formaciones políticas que concurren a los comicios. ¿Qué defiende cada una de ellas? ¿Hay posturas compartidas o difieren en casi todo? A continuación, analizamos las principales propuestas electorales en materia de vivienda para el 14-F.
Se reconoce el aumento de precios que ha sufrido el mercado del alquiler en Cataluña, pero existen divergencias en torno a establecer un control público sobre el indicador
La formaciones políticas que concurren a las elecciones del 14-F son conscientes de que el precio del alquiler en Cataluña ha experimentado un aumento notable en los últimos años. Al respecto, desde el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) recuerdan que este indicador se ha visto incrementado en un 29%, de media, en el último lustro, si bien no se pronuncian sobre la posibilidad de establecer un control de precios sobre este mercado.
No ocurre lo mismo con el programa electoral de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), documento que especifica la necesidad que existe en esta comunidad autónoma de “desplegar y reforzar las medidas para limitar los precios del alquiler”. Esta medida también está inserta en las propuestas de En Comú Podem (ECP), organización que busca “instar al Gobierno del Estado a una regulación del precio del alquiler”, en el marco legal impulsado por una nueva normativa por el derecho a la vivienda.
El aumento del parque de vivienda en régimen de arrendamiento es un objetivo compartido, aunque se producen diferencias en las estrategias que deben desplegarse para lograr este objetivo
El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) se muestra contrario a la limitación por ley de los niveles de precios máximos del alquiler, aunque reconoce que existe un problema de acceso a la vivienda por parte de un número cada vez mayor de personas. Es por ello que desde esta organización creen que la obligación de las administraciones, “en colaboración con el sector privado y social”, es poner en el mercado un mayor número de viviendas de alquiler.
Esta postura es compartida por Junts per Catalunya (JxCat), partido que ha prometido la puesta en marcha de un nuevo programa para la promoción de vivienda pública en alquiler. Para ello, se ha comprometido a facilitar líneas de financiación con préstamos bonificados “para los promotores privados que apuesten en construir vivienda de protección oficial de alquiler” y a desarrollar un mercado de alquiler “seguro”, con plenas garantías “y en el que estén establecidos los derechos y deberes de propietarios e inquilinos”.
Por su parte, desde el PSC se inclinan por promover el parque de vivienda en régimen de alquiler a través de campañas de comunicación destinadas a propietarios particulares de vivienda vacía en zonas con demanda acreditada, “para que cedan estos inmuebles a precios tasados a cambio de su rehabilitación, si procede, y con garantía de cobro de renta”. En cuanto a las viviendas vacías propiedad de entidades financieras, desde el Partido Popular de Cataluña (PPC) se muestran partidarios de establecer una mesa de diálogo con estas organizaciones “para que puedan ponerlas en el mercado con todas las garantías o formar parte de los programas de vivienda social”.
La ocupación ilegal centra el debate político. Las soluciones abarcan desde la creación de un censo de viviendas ocupadas hasta facultar a las comunidades de propietarios para iniciar desalojos
El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas no ha quedado al margen del debate político y es uno de los asuntos que centran los programas electorales de cara al 14-F. En este sentido, desde Ciudadanos denuncian que Cataluña es la comunidad autónoma que registra un mayor número de ocupaciones ilegales de viviendas, “lo que priva a los propietarios de sus inmuebles, genera problemas de convivencia y supone una amenaza para la seguridad”. De ahí que este partido se haya comprometido a facultar a las comunidades de vecinos “para instar a los desalojos de inmuebles que sean ocupados en el mismo edificio”. Asimismo, desde esta organización han adelantado que reforzarán las competencias de Mossos d’Esquadra y Policías Locales para intervenir en estos casos.
Otro partido político que se muestra contrario a la ocupación ilegal de viviendas es el PSC, en cuyo programa propone aprobar una estrategia integral ante este fenómeno, elaborar un censo de viviendas ocupadas, “identificando los perfiles de los ocupantes, las calidades de las viviendas y los propietarios de estas”. En paralelo, este partido propone que, en los casos en los que no haya problema de convivencia y se ocupen viviendas de grandes tenedores, siempre que “los ocupantes acrediten arraigo en el municipio y situación de vulnerabilidad”; se impulse la cesión de estos inmuebles a la Generalitat, “que diseñará junto a los municipios un programa de inserción laboral y residencial personalizado, pudiendo estos regularizar su situación habitacional mediante un contrato de alquiler social”.
La función de los pisos turísticos también separa a los partidos políticos. Algunos abogan por favorecer su conversión al alquiler tradicional, mientras otros apuestan por restringir las licencias
La pandemia del coronavirus ha modificado el número de pisos turísticos que operan en Cataluña. A pesar de ello, este mercado también es foco de atención por parte de los partidos políticos que se presentan a las elecciones de este domingo, los cuales mantienen posturas diferenciadas en relación a la función y gestión que debe llevarse a cabo en torno a estos inmuebles. En opinión del PdeCat, y como forma para aumentar el parque de vivienda en régimen de alquiler de la comunidad autónoma, habría que “favorecer” la conversión de estos inmuebles “en viviendas de alquiler habitual”.
Por el contrario, y a pesar de que declaran el mismo objetivo de aumentar el parque de vivienda de alquiler, desde En Comú Podem defienden que se debe proteger el uso residencial de la vivienda “frente a otros usos”. Es por ello que abogan por restringir las licencias de pisos turísticos en zonas de alta demanda, así como por modificar la regulación de estos permisos, “estableciendo límites de caducidad”. “Proponemos implantar las medidas necesarias para que los pisos turísticos no tengan licencia permanente”, afirman.
Los partidos políticos prometen desarrollar planes de emancipación que contemplan la cesión de uso y alternativas de compra apoyadas en ayudas retornables para los jóvenes.
Las formaciones que concurren a las elecciones han centrado en los jóvenes algunas de sus propuestas más importantes, conscientes de la precariedad laboral que padece este colectivo, así como del aumento del precio de la vivienda que se ha producido en el país en los últimos años, lo que dificulta sus planes de futuro. En esta línea, desde ERC han hecho público su interés por impulsar un plan de emancipación juvenil “real” y dotado con 6.000 viviendas. En concreto, desde esta formación desean establecer un modelo de vivienda pública arrendando el régimen de cesión de uso, “asegurando que el sector público no pierde la propiedad y que a la vez esta es accesible”.
Por su parte, el PSE se muestra partidario de desarrollar alternativas de compra para los más jóvenes, a través de la puesta en marcha de “ayudas retornables” a este colectivo, las cuales se dirigirían “al pago de la entrada de un piso mediante la modalidad de propiedad compartida”. Esta propuesta se llevaría a cabo sobre viviendas de segunda mano del mercado libre “que no tengan un precio superior al módulo de protección oficial”, siempre que la hipoteca represente menos del 30% del sueldo de los compradores. La ayuda recibida podría devolverse en un plazo máximo de 50 años.
Los partidos que concurren a las elecciones del 14-F no se olvidan de los impuestos relacionados con la vivienda y son varios los que prometen bajadas de diferentes tributos como Patrimonio o ITP
Las promesas electorales relacionadas con los impuestos también están presentes en estos comicios. De hecho, son varios los partidos políticos que vinculan sus propuestas a una bajada de los tributos relacionados con la vivienda. En este sentido, dentro del decálogo de medidas que Vox propone para Cataluña se encuentra una bonificación al 99% de los impuestos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
Por su parte, el PP se compromete a igualar el mínimo exento en el impuesto de Patrimonio catalán al del resto de comunidades autónomas, pasando esta cantidad de los 500.000 euros actuales a una media de 700.000. De igual modo, consideran necesario reducir el impuesto de Transmisiones Patrimoniales, bajándolo del 7% al 6%, si se trata de transmisión de pisos de protección oficial, o del 5% al 4% si se trata de familias numerosas, menores de 32 años y de personas con discapacidad.