El mercado del alquiler de viviendas sufrirá las consecuencias de este límite, según los expertos

Cataluña da un paso adelante en su objetivo de limitar el mercado del alquiler de viviendas. Con 71 votos a favor, de 29 diputados de JuntsxCat, y los grupos ERC, Podem y la CUP, y 63 en contra (Ciudadanos, PSC, PP, dos diputados de Demócrates y cuatro del PDeCAT), el Parlament catalán da luz verde a esta polémica ley para el sector.
El Sindicat de Llogaters, lobby inmobiliario vinculado a la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, anunció a primera hora de la tarde la firma de un acuerdo con el que garantizó la aprobación de la ley para limitar el aumento de los alquileres ante el Parlament. Ahora será el Tribunal Constitucional el que tendrá la última palabra, ya que es una ley que según el consejo de garantía estatutarias vulnera la Constitución española y atenta contra el derecho a la propiedad privada.
Si bien a primera hora del día los partidos políticos y el grupo de presión liderado por Jaime Palomera habían roto negociaciones, a primera hora de la tarde han asegurado haber llegado a un acuerdo que suponía la incorporación al texto original de dos enmiendas, que recogen parcialmente las reticencias de JuntsxCat. 
De ese modo, la nueva norma permitirá que no congelen las rentas los propietarios que tengan unos ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el IRSC (sobre unos 2.000 euros mensuales, en función de la población) o cuando los ingresos familiares del arrendatario superen las 3,5 veces ese indicador (unos 3.000 euros mensuales).
El nuevo acuerdo pactado entre todos los grupos permite al propietario también aumentar la renta por encima del precio de alquiler de referencia si se han realizado en el último año obras que mejoren la habitabilidad, la seguridad, la confortabilidad y la eficiencia energética de la vivienda.
La norma ha contado con el rechazo total del PSC, PP y Ciudadanos. Estos dos grupos lo llevaron al Consell de Garanties Estatutàries del Parlament, que en agosto decidió por unanimidad que supera las competencias de la Generalitat.
El PP ya anunció que si finalmente se aprobaba la ley presentaría un recurso ante el Tribunal Constitucional. El recurso de un grupo político, sin embargo, no frenaría su aplicación hasta que hubiera sentencia, lo que sí sucedería, en cambio si el recurso lo presenta el Gobierno, ya que la norma no llegaría a aplicarse.

Al sector en contra

A raíz de la aprobación por el Parlament de Catalunya de la nueva ley que permite el control de alquileres en la comunidad, desde idealista queremos expresar que “se trata de una pésima noticia para el sector inmobiliario catalán. La norma aprobada hoy es, según los expertos y el Consejo de Garantías, inconstitucional y se abre un largo camino hasta que la justicia lo tumbe. Esto creará un escenario de incertidumbre e inseguridad jurídica entre los propietarios, que probablemente esperen a la resolución judicial para sacar sus viviendas al mercado. En este sentido, tal y como sucedió en Alemania es previsible que la oferta disponible en el mercado catalán se reduzca significativamente lo que empeorará las condiciones de acceso a aquellos que estén buscando una vivienda en alquiler”.
Beatriz Toribio, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, apeló a que las distintas fuerzas políticas favorables a esta norma en el Parlament catalán hicieran una reflexión sobre los efectos negativos de esta norma y retiraran este proyecto normativo al ser contrario al derecho de propiedad reconocido en la Constitución, asegurando que “la asociación solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso de los Diputados que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional”.
En el mismo sentido se pronunciaron en un comunicado conjunto el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliaria de Catalunya, la Associació d’Agents Inmobiliaris de Catalunya, la Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya (APCE) y la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona-Lleida, que con esta nueva ley, las familias más desfavorecidas o en situación de vulnerabilidad no mejorarán sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler, ya que puede comportar una reducción de la oferta de viviendas disponibles.
Fuentes del sector inmobiliario recuerdan que, en Berlín, en 2015, se aprobó una regulación similar que permitía a los propietarios que hicieran mejoras aplicar subidas del alquiler sin estar vinculados al control fijado por el gobierno de la capital alemana. “Esto llevó a que los precios se dispararan en años siguientes de manera mucho más abrupta que en años pasados ya que los propietarios evitaron el control haciendo pequeñas reformas o cambios de la vivienda”, aseguran.